El pasado 13 de julio, Colombia celebró el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en contra de las dos pretensiones de Nicaragua que buscaban: I) que la CIJ le otorgara una plataforma continental extendida, y II) una zona continental extendida dentro de las 200 millas náuticas de la línea base de San Andrés y Providencia. Sin embargo, una vez pasado el júbilo y después de algunas discusiones baladís en las redes sociales sobre qué presidente debía llevarse los réditos del resultado, es necesario hacer un balance del litigio suscitado entre ambas naciones, al igual que plantear algunos elementos políticos para tener en cuenta en los próximos años, pues el diferendo limítrofe con Nicaragua aún no se ha resuelto del todo.
En el ámbito internacional, los Estados tienen tres opciones para solucionar sus controversias, a saber: primero, el arreglo directo entre las partes a través del diálogo y la diplomacia; segundo, por medio de un arbitraje ante una institución internacional facultada para tales temas, v.g.: la CIJ; y tercero, la guerra. Para el caso que nos atañe, ambas naciones han acudido a dos de las tres alternativas. La primera de estas, la del dialogo y la diplomacia, se llevó a cabo entre 1990 y 1999, luego de que Managua y Bogotá en 1980 publicaran sus Libros Blancos, en los que establecían sus posiciones políticas frente al conflicto generado por la clara ausencia de una línea fronteriza marítima en el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928. La segunda opción inició en 2001 y 2013, cuando los presidentes de Nicaragua, Arnoldo Alemán y Daniel Ortega, demandaron respectivamente a Colombia ante la CIJ para que dirimiera la contradicción.
Es así como, con ocasión a las múltiples demandas interpuestas por Nicaragua, la CIJ falló a favor de las pretensiones de este país y, en consecuencia, Colombia perdió dos de las tres demandas interpuestas por Nicaragua. La primera pérdida fue en 2012 cuando la CIJ ordenó a Colombia ceder 75.000 km2 a Nicaragua, decisión que fue reconocida por el Gobierno Colombiano, pero no acatada, apelando al derecho interno, ya que las fronteras de Colombia están definidas por tratados internacionales debidamente aprobados por el Congreso de la República, como lo estipula el artículo 101 de la Constitución Política de 1991; y en consecuencia se retiró del tratado que reconoce la jurisdicción de la CIJ. La segunda pérdida se originó con ocasión al fallo del 2022, cuando la CIJ consideró que, como consecuencia del incumplimiento del fallo de 2012, Colombia efectivamente estaba violando la soberanía y jurisdicción de Nicaragua en su Zona Económica Exclusiva (ZEE) y le ordenó al Estado colombiano suspender de manera inmediata la pesca por parte de la comunidad raizal en esa zona. La última, como se explicó antes, la falló a favor de Colombia porque la CIJ no le otorgó las dos pretensiones a Nicaragua.
Con ese resultado, entonces, tanto Nicaragua como Colombia quedan atrapados en un dilema para dirimir el problema, pues el primero, por su lado, tiene los dos fallos de la CIJ a su favor, razón por la cual en cualquier caso de negociación con Colombia insistirá en el cumplimiento del fallo y evitará a toda costa perder los 75.000 km2 que la CIJ le ordenó a Colombia cederles. En cuanto a Colombia, esta partirá de no reconocer el fallo, surgiéndole, en ese sentido, dos opciones: primero, buscar de nuevo un diálogo diplomático con el gobierno de Daniel Ortega para establecer procesos de gobernanza en esa zona con el propósito de que los raizales colombianos continúen con sus actividades pesqueras y económicas, sin que eso signifique que Bogotá reconozca oficialmente la cesión de esos 75.000 km2, ni una nueva línea limítrofe entre ambas naciones. Segundo, ir a la guerra contra Nicaragua.
Sin embargo, tanto para Nicaragua como para Colombia la guerra no sería la opción más favorable por aspectos militares y políticos, pues Nicaragua no tendría las capacidades materiales suficientes para enfrentar a Colombia; y una guerra sería un alto costo político para los gobiernos de Daniel Ortega y Gustavo Petro, pues el primero está señalado por ser un dictador y no tiene el respaldo de la comunidad internacional, y el segundo, ha tenido problemas al gobernar durante su primer año como mandatario, dificultándole así encontrar apoyo unísono en el pueblo colombiano para confrontar militarmente al vecino país.
Bajo ese contexto, y luego de la algarabía por la reciente victoria de Colombia, debe reconocerse que el problema con Nicaragua está latente y que es necesario tomar acciones de largo y corto plazo. En cuanto a las primeras, la academia, los gobernantes, los empresarios y la sociedad colombiana en general deben crear un espacio de diálogo político con el propósito de abordar la política exterior del país de manera seria y contundente. El punto de partida y el más importante, desde mi consideración, es llegar al consenso de que a Colombia le urge una política exterior de Estado y no de gobierno, que es lo que ha sucedido desde que el país ganó su independencia con la Corona Española.
Por esa razón, es necesario convencernos como país que tener una política exterior de Estado trae muchos beneficios para Colombia, pues ayuda, entre otras cosas, a: primero, establecer con claridad los derroteros del accionar del cuerpo diplomático en el mundo y los intereses de Colombia que deben cumplirse sin importar el gobierno de turno. Segundo, evita que la Cancillería se convierta en un cheque en blanco para que el residente de la Casa de Nariño pague los favores políticos que adquirió durante su campaña. Tercero, fortalece la carrera diplomática. Cuarto, funde el andamiaje institucional de la política exterior sin que existan choques entre las funciones y acciones de las distintas instituciones del Estado que abordan temas de política exterior. Quinto, instaura las estrategias de inserción de Colombia en el mundo, utilizando a su favor las instituciones internacionales para fortalecer el desarrollo del país y el bienestar de los colombianos, sin que eso se convierta en una dependencia degenerativa para el país. Sexto, organiza los temas y dispone las directrices para el relacionamiento con todas las regiones del mundo, entre otros.
Es claro que lograr ese objetivo de largo plazo no es sencillo porque se requiere de muchos debates para obtener los consensos que necesitamos como nación, pero no es imposible, pues como se observó durante estos diez años que duró el litigio con Nicaragua, si Colombia no se toma en serio su política exterior y el cumplimiento de los intereses del Estado, el pueblo colombiano podría llegar a perder territorio y con esto poner en tela de juicio, dependiendo del caso, claro está, hasta su supervivencia.
Frente a las acciones de corto plazo, el presidente Gustavo Petro, sin duda alguna, debe reevaluar las nominaciones de algunos de sus embajadores en países de América Latina porque carecen de experiencia en estos temas diplomáticos y porque esos países tienen una importancia relevante para Colombia. El primero de ellos es el embajador de Nicaragua León Fredy Muñoz, quien con sus propias acciones demostró semanas atrás no estar preparado para tal dignidad, y que ante la nueva situación con ese país es necesario nominar a alguien con las cualidades suficientes para que empiece a construir un espacio de diálogo con ese país. El segundo es el embajador en México, Álvaro Moisés Ninco, quien, para el presidente y el Canciller, fue idóneo para el cargo por haber participado en un modelo ONU, argumento caricaturesco y hasta ofensivo hacia las personas que han dedicado su vida preparándose en los asuntos internacionales y diplomáticos, y que no han sido tenidas en cuenta. Además, México es un país de suma importancia para Colombia por sus lazos históricos en temas económicos, culturales, políticos, así como, por las problemáticas que aquejan a ambas naciones como, por ejemplo, el narcotráfico.
Con todo lo anterior en mente, el reciente fallo de la CIJ, más que una victoria, debe plantearse como un escenario propicio para que Colombia construya una política exterior de Estado con el propósito de enfrentar los retos de la diplomacia y relaciones internacionales con la relevancia que esto amerita, así como, evaluar las nominaciones de algunos embajadores en países significativos para los intereses de Colombia.
