Manuel Alejandro Rayran Cortés / @ManuelRayranC
Tras la firma en 1914 del tratado Urrutia-Thompson con el que Estados Unidos compensaba a Colombia por Panamá, el presidente colombiano Marco Fidel Suárez durante su mandato (1918-1921) estableció la doctrina respice polum (Mirar hacia el norte), la cual ordenaba que la política exterior del país debía estar siempre orientada hacia Estados Unidos.
Para finales de los años sesenta del siglo XX, Alfonso López Michelsen, ministro de relaciones exteriores del presidente Lleras Restrepo, decidió aplicar el principio respice similia (Mirar a sus semejantes) que consistía, ya no en tener solo un actor privilegiado sino en establecer relaciones con países semejantes, en ese sentido buscaba diversificar las relaciones de Colombia.
No obstante, y a pesar de que hoy Colombia tenga 65 embajadas y 120 consulados en el exterior, lo cierto es que los gobiernos de Colombia siguen fieles a las directrices y ordenes de Washington, convirtiendo a Colombia en un peón de Estados Unidos. Esta práctica repudiable y constante ha llegado, incluso, a que los dirigentes políticos del país permitan que el gobierno de Estados Unidos interfiera en política interna de Colombia y los mandatarios no rechacen este tipo de acciones que violan de manera evidente la soberanía del país.
Si bien hay un alto número de situaciones en la historia que evidencian lo anterior, se mencionarán las más recientes. En abril de 2019, Kevin Whitaker, embajador estadounidense en Colombia, sostuvo reuniones con senadores para impedir que el Gobierno de Iván Duque fuera derrotado en el legislativo con los reparos que tenía con la Ley Estatutaria de la JEP, una muestra flagrante de intervencionismo en asuntos políticos internos. De igual manera, el 6 de marzo de 2020 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presionó a Colombia para que la justicia del país permitiera el uso de glifosato, aún sabiendo las consecuencias nefastas que ese químico tiene para las personas y la tierra. También, el pasado 1 de junio, el ministro de defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el presidente Duque permitieron el ingreso ilegal de tropas estadounidenses a territorio colombiano aún sin tener la autorización del Congreso de la República, como lo establece el artículo 173 (4) de la Constitución Política, y están permitiendo la operación de estos militares a pesar de que la sección tercera del tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenara al gobierno nacional la suspensión de maniobras de estos militares extranjeros hasta que el Congreso lo autorizara.
Si lo anterior fuera poco, el pasado 14 de agosto del presente año, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó en su cuenta de twitter que se unía a las voces que exigían que Álvaro Uribe Vélez fuera puesto en libertad porque es un héroe. Si bien este hecho es un acto flagrante de intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de Colombia porque presiona a la justicia, lo más vergonzoso fue que la Cancillería del país no emitió ningún comunicado rechazando tal comentario.
Ahora bien, la violación constante de Estados Unidos a la soberanía de Colombia hay que analizarla desde dos aristas. La primera hace referencia a que las acciones de Washington van en contravía con el cumplimiento de los artículos 1(2) y del 2(1) de la Carta de las Naciones Unidas. El primer artículo mencionado, establece que las naciones deben respetar el principio de igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos; es decir, todos los Estados deben respetar la autodeterminación de los pueblos. El segundo, sostiene que la Organización esta basada en el principio de la igualdad soberana de todos los miembros. En ese sentido, Estados Unidos con sus acciones ha violado reiteradamente la libertad que tiene el pueblo colombiano y sus instituciones para tomar sus decisiones de manera soberana como cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas.
La segunda arista se centra en la complicidad de la dirigencia política colombiana para permitir este tipo de actuaciones por parte de Washington. La permisividad y beneplácito del ejecutivo viola el artículo 9 de la Constitución Política de 1991 en el que se expresa claramente que las relaciones exteriores del país se fundamentan en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptado por Colombia.
Ergo, invito a todos los lectores de esta columna a interiorizar la importancia de hacer respetar la soberanía de Colombia, sus instituciones, las decisiones de estas y las leyes consagradas en la Carta Magna. Los colombianos debemos de rechazar este tipo de acciones y recordar que la soberanía es a los Estados, como la dignidad a los humanos. En definitiva, Colombia necesita menos respice polum y más soberanía.
